La propuesta presidencial de constituir un fondo de “capital semilla”, de 64 mil millones de pesos para financiar las pensiones de los trabajadores mexicanos, tiene como origen los recursos recuperados en las subastas y liquidaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), por lo que, de manera consciente o inconsciente, el presidente ha depositado esta responsabilidad en uno de los más inexpertos amigos de su hijo Gonzalo Alfonso López Beltrán, mejor conocido como “Bobby”.

Alberto Becerra Mendoza es quien ocupa el cargo de director del Indep desde el 16 de octubre del año pasado, aunque existen evidencias claras de que apenas tiene terminados los estudios de preparatoria. Según diversas fuentes que lo acompañaron en sus años de adolescencia, Becerra Mendoza conoció al más pequeño de los hermanos López Beltrán en la secundaria de la Escuela Logos, aquella que es propiedad de la familia del subsecretario de Hacienda Juan Pablo de Botton. Ingresó a la Preparatoria 6 para intentar tener pase directo a la UNAM y desertó en el tercer semestre de la carrera de Ingeniería.

El ahora flamante funcionario de primer nivel nunca perdió contacto con su amigo Bobby; por lo que, a mediados de 2020, después de varios años de desempeñarse como profesor de baile en escuelas privadas, “Betito” –como suelen llamarle sus amistades– llegó a laborar con Daniel Asaf a la Ayudantía de la Presidencia, para apoyar en la coordinación de las giras y los eventos. En marzo de 2023 fue designado titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Agencia Nacional de Aduanas de México, justo cuando el organismo empezaba a ser operado en su totalidad por las Fuerzas Armadas.

Al parecer, el nivel preparatoriano de Becerra Mendoza ya no era suficiente para acceder a los cargos que se le tenían preparados: apenas el año pasado la SEP lo tituló como Licenciado en Gestión y Administración Pública mediante el “Acuerdo Número 02/04/17 por el que se modifica el diverso 286”, es decir, mediante el reconocimiento de “niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o con base en el régimen de certificación referido a la formación para el trabajo”. No hay institución de educación superior que respalde su cédula profesional con folio 13257981.

Ya con el nivel de licenciado –por lo menos en el papel– Alberto Becerra llegó al Indep para hacer mancuerna con Fernando Jesús Piña Uribe, otro de los mejores amigos de Gonzalo Alfonso, quien se desempeñaba en ese instituto como director Corporativo de Comercialización y Mercadotecnia, aunque también tiene una extraña formación académica. Se presenta como licenciado en Gestión y Administración Pública, la misma carrera de “Betito”, pero no existen registros de su cédula profesional.

Estos dos personajes controlan a un instituto que en su última subasta inmobiliaria apenas logró recaudar 49 millones de pesos; es el monto más elevado desde que Becerra Mendoza tomó las riendas de estos eventos de comercialización, en los que la mayor parte de los lotes se declaran desiertos. En materia de compras a proveedores, todas sus adjudicaciones las realizan de manera directa, además de que no hay reportes a las plataformas de transparencia, al grado que no hay rastro de la póliza de seguros que se tiene para los bienes en resguardo, la cual se contrataba anualmente por 60 millones de pesos con la empresa GNP.

Respecto al supuesto aporte que el Indep podría hacer al proyecto de pensiones del presidente López Obrador, hay que puntualizar que el presupuesto asignado a este instituto es superior a los casi 4 mil millones de pesos que ha recuperado desde su creación, lo que de entrada lo coloca en números rojos y ni qué decir de los hipotéticos 64 mil millones de pesos que anunció el presidente para la creación del fondo de capital semilla.

Posdata 1

Hace tres semanas el magnate Carlos Slim cumplió 84 años. Por fin pudo celebrar, como suele hacerlo, en familia, y pasar tiempo con su primer bisnieto, que nació en diciembre. En aquel mes el ingeniero no pudo recibirlo porque pasó Navidad en el rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque, Chiapas.

Esa debió ser la visita privada y de amigos número 20 de Slim con López Obrador, en el contexto en el que su fortuna personal ascendió, por primera vez en la historia, a los 100 mil millones de dólares, lo doble de cuando inició el gobierno actual.

Ayer el hombre más rico de México hizo algo que es inusual para él: salió a los medios de comunicación a ofrecer una conferencia para hablar de temas que le preocupan y otros no tanto: primero dijo que quería aclarar que no ha sido beneficiado por el gobierno del presidente López Obrador, a pesar de que las plataformas de transparencia y de contratos del gobierno federal evidencian un total de 2,500 contratos adjudicados a sus empresas con valor de más de 61 mil millones de pesos, solo en la actual administración.

El magnate dijo que si bien se ha reunido tantas veces con AMLO es para supervisar los trabajos del Tren Maya, a pesar de que, por el número de contratos y acuerdos, podría considerarse un conflicto de interés; lo mismo un conflicto ético y moral, pues López Obrador ha dicho que su administración separaría el poder político del económico.

Así, Slim tampoco salió a defender a las instituciones, como los organismos autónomos que pretende eliminar el presidente, ni al Poder Judicial, aunque reconoce que tiene diferencias con AMLO, las cuales hará públicas hasta que termine el sexenio. ¿Por qué? ¿Acaso reconoce que hacerlo ahora afectaría su relación y, por lo tanto, sus intereses?

Slim también se quejó de que supuestamente Telmex “no es negocio” y que el gobierno actual tampoco le ha permitido competir en la televisión de paga, pues es un preponderante en el sector de las telecomunicaciones.

En fin que Carlos Slim, cuya inmensa fortuna tiene que ver en buena medida con las concesiones públicas de sus empresas de telecomunicaciones, mineras y de autopistas, así como de contratos multimillonarios con Pemex, CFE y muchas otras dependencias del gobierno, dice que en (casi) nada le ha beneficiado la 4T.

Posdata 2

En Chiapas, donde el morenista Eduardo Ramírez Aguilar aventaja en todas las encuestas y apunta a convertirse en el nuevo gobernador del estado, los puestos para el Senado de la República están muy peleados.

Por el lado de Morena y el Partido Verde, los cuales definirán en conjunto a sus representantes a la Cámara Alta, se perfilan, en ese orden, Sasil de León, Luis Armando Melgar y José Manuel Cruz Castellanos. La primera compitió por la candidatura a la gubernatura con Ramírez Aguilar, pero quedó debajo del llamado “Jaguar Negro”, como también el conocido “Pepe Cruz”; el segundo tiene buena relación con los equipos de Claudia Sheinbaum y de Ramírez Aguilar, además de que tiene el apoyo de Jorge Emilio González y Manuel Velasco.

Por el lado de la oposición, la alianza PRI-PAN-PRD registró como candidato a Willy Ochoa, un conocido chiapaneco que en 2021 compitió en la elección para la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez y quedó en segundo lugar. Ochoa es muy cercano a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, y a Manlio Fabio Beltrones, quien será senador por Sonora.

El revuelo por el registro de Ochoa en Chiapas ha generado varias denuncias ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE y ante el OPLE estatal por supuestos actos anticipados de campaña y publicidad al margen de la ley, presentados por el oficialismo.

Así de caliente y al rojo vivo está el muy politizado estado al que se irá a vivir el presidente López Obrador al terminar su gobierno.

Posdata 3

En la Secretaría del Trabajo (STPS), a cargo de Marath Baruch Bolaños, hay molestia en contra del Nacional Monte de Piedad, que dirige Javier de la Calle, debido a que estos últimos han difundido constantemente información imprecisa. Por ejemplo, la IAP aseguró que los trabajadores rechazaron unilateralmente la propuesta de mediación de la dependencia; sin embargo, esto fue porque la STPS se negó a firmar el convenio propuesto por el Monte de Piedad el pasado diciembre debido a que se violaban derechos de los empleados, ya que proponían que el sindicato debía reducir el 18% de la plantilla, que sumando los despidos injustificados sería el 35% de las plazas las que se perderían.

Es por ello que la STPS y el sindicato se negaron a firmar dicho convenio. Otra información que no se ha podido comprobar es la supuesta crisis financiera del Nacional Monte de Piedad y más porque su director general y otros directivos tienen salarios que rayan en los 500 mil pesos mensuales.

Posdata 4

En Palacio Nacional ubican al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como un “abierto enemigo” del gobierno del presidente López Obrador.

El magistrado que fue defenestrado por sus compañeros de la presidencia del organismo dentro del Tribunal Electoral en diciembre pasado, forma parte de un grupo político ligado al expresidente Felipe Calderón, por lo que es considerado dentro de los “adversarios” del régimen obradorista.

Los reportes advierten una supuesta preocupación por la postura de Rodríguez Mondragón en contra de Morena y su candidata presidencial Claudia Sheinbaum, pues en las últimas semanas ha generado polémica dentro de la Sala Superior del TEPJF.