El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se adjudicó el uso de los 48 minutos diarios que otorgan cada una de las estaciones de radio y TV al Estado como parte de sus contraprestaciones. El árbitro electoral argumentó que ese tiempo es para promover la elección judicial, del 30 de marzo al 1 de junio del 2025, es decir, un total de 64 días, durante los cuales planea bombardear a los ciudadanos con cerca de 23 millones de spots.

La decisión fue votada el miércoles de la semana pasada y tiene varios problemas y efectos. En principio, no parece tener un sustento legal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efecto dicha medida en ejercicios anteriores, tales como la consulta popular para enjuiciar a expresidentes y la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. En esta última, por ejemplo, el INE no le quitó tiempo gratuito al Ejecutivo y sólo usó el 12% de los tiempos oficiales: un spot cada hora, durante 12 horas al día.

Sin estos tiempos, los spots contra el fentanilo –que tanto presumió la presidenta Claudia Sheinbaum al presidente de Estados Unidos, Donald Trump– no tendrán tiempo disponible. Tampoco otras campañas para el pago de impuestos, el cuidado del agua, alertas por enfermedades como el dengue, entre otras, pues el gobierno federal no contará con un sólo minuto de tiempo gratuito hasta el 2 de junio.

Otro problema es que el INE no tiene recursos para hacer ‘buenos’ spots, además de que no se podrán transmitir los rostros ni propuestas de los candidatos y candidatas. El Instituto acordó que serán spots genéricos que llamen al voto y promuevan los sitios web donde se publicarán las propuestas y currículas de los aspirantes a un cargo de juez, magistrado o ministro.

Por otro lado, el INE ya estableció que los candidatos sólo pueden otorgar entrevistas a los medios electrónicos si lo hacen en condiciones de igualdad y equidad con el resto de los candidatos. Esto significa que si un medio de radio o TV concede una entrevista a uno de los candidatos a ocupar un puesto de ministro de la Corte, tiene que entrevistar a los 80 candidatos restantes para no ser multado, lo cual suena absurdo y evidencia el desconocimiento de las y los consejeros sobre el funcionamiento de los medios.

Todo apunta a que los partidos políticos impugnarán, de nueva cuenta, el acuerdo del INE sobre cómo usar los tiempos gratuitos en radio y TV, pues también les escamotearon tiempos a los que tenían derecho para las elecciones locales en Durango y Veracruz. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y los medios públicos igualmente podrán impugnar la medida.

La mala decisión apunta hacia la consejera Dania Ravel, quien preside la Comisión de Radio y Televisión, pero también a las áreas legales del INE que no cuidaron la parte legal ni mediática, lo que generará un enorme rechazo para el Instituto y para la elección judicial.

Posdata 1

Hablando del INE, en los pasillos del Instituto circulan versiones sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos a proveedores. Las denuncias apuntan a que supuestos “intermediarios” buscan beneficiarse con licitaciones pactadas de antemano. Los puntos de encuentro son los restaurantes de Plaza Artz, así como la colonia Jardines del Pedregal, donde un personaje de nombre Luis Prieto se ha convertido en una especie de testaferro para conseguir distintos contratos a nombre de funcionarios del INE.

Los empresarios que denunciaron este modus operandi afirman que en dichas ubicaciones se finiquitan acuerdos con proveedores de cómputo, tóners y fotocopiado, así como insumos de papelería, aseguradoras, limpieza, entre otros.

Los proveedores son citados en estos lugares para supuestamente ver alternativas y competir en mejores condiciones en los procesos de licitación, sin embargo, lo único que les piden es “un moche” si obtienen el contrato, aunque no se garantiza nada.

Los quejosos solicitarán que se revise la licitación de seguros del Instituto, así como los suministros de papelería. Sería muy grave que en un año tan importante para el INE, estalle un escándalo de corrupción de este tipo. Muchos retos para su presidenta, Guadalupe Taddei.

Posdata 2

En tiempos de Manuel Bartlett, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió ahorrar en contratos de mantenimiento para sus centrales eléctricas e inmuebles alrededor del país. Se contaba con presupuestos anuales aprobados por 20 mil millones de pesos, pero sólo se ejercían alrededor 14 mil millones. Con la nueva directora, Emilia Esther Calleja, la inversión en estos rubros se ha mantenido constante y en los últimos meses registró un aumento, según el portal de transparencia.

En febrero de 2025, la empresa pública ha otorgado 11 contratos para fumigación, limpieza y cuidado de áreas verdes, bombas de agua, transformadores de potencia, equipos primarios, parque vehicular, motores eléctricos, turbinas e inmuebles, entre otros; para marzo, la empresa espera las ofertas técnicas de empresas a las que les adjudicará 35 convenios más, con lo cual se estará llegando muy rápido a la cifra de los 5 mil millones de pesos.

Posdata 3

Bajo el lema “la violencia de género no tiene colores ni partidos”, la diputada federal por Morena, María Teresa Ealy Díaz, presentó la iniciativa para reformar la Ley General de Salud y sancionar la violencia gineco-obstétrica.

La iniciativa logró sumar el apoyo de senadores y diputados de todas las bancadas. El objetivo es sancionar la violencia gineco-obstétrica que padecen millones de mujeres todos los días, derivado de situaciones de trato irrespetuoso, abusivo, negligente o de negación de atención médica durante el periodo de embarazo, parto y posparto, así como en consultas y tratamientos ginecológicos, ya sea en centros de salud públicos o privados.

La reforma también contempla la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud, principalmente respecto de la regulación del expediente clínico, así como una definición interseccional del derecho a la salud, con enfoque de género, de infancia y generacional.

La finalidad de establecer este delito en la Ley General de Salud es involucrar a la Secretaría de Salud, para lograr no solo la sanción de estas conductas, sino la prevención y erradicación.

@MarioMal

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