El desaire que los más altos liderazgos de Morena propinaron el domingo pasado a la presidenta Claudia Sheinbaum, además de modificar la correlación de fuerzas al interior del gobierno y del partido en el poder, podría impactar también el rumbo de la elección judicial; esto porque la mayoría de los personajes que “por equivocación” dieron la espalda a su mandataria, y que enfrentarán la correspondiente pérdida de simpatía o de confianza, estaban llamados a ser los principales operadores políticos de los comicios.

Las versiones sobre la escena del Zócalo coinciden en que no fue premeditada, aunque el suceso fue resultado de un error de protocolo y de una inusitada distracción de políticos con una amplia experiencia, lo que suena contraintuitivo. El hecho es que el enojo que esto generó en la Presidenta fue más que evidente, al grado que los involucrados tuvieron que disculparse a través de sus cuentas de redes sociales.

En las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión cuentan que sus liderazgos, llámense Adán Augusto López en la Cámara de Senadores o Ricardo Monreal en San Lázaro, no han tenido contacto con la titular del Ejecutivo desde el fin de semana. Las fuentes aseguran que se canceló repentinamente una reunión a la que estos legisladores acuden todos los lunes a Palacio Nacional para revisar los temas que se pondrán a discusión durante la semana.

Se da como un hecho que vendrá una especie de sanción, o por lo menos que debería haberla, toda vez que el suceso llegó a avivar los rumores de una supuesta sumisión de la Presidenta ante la figura de Andrés Manuel López Obrador y sus familiares, además de que fortaleció los rumores sobre que los principales operadores de Morena en el Congreso se alinean a instrucciones que no provienen precisamente de Palacio Nacional, sino mucho más al sur, en Palenque, Chiapas.

El efecto más inmediato del “desaire” podría ser la elección judicial, en la que el aparato electoral del partido oficial será fundamental para definir a los ganadores, ante una muy marginal proyección de participación ciudadana que apenas ronda el 10%, según el INE.

Las señales apuntan a que, para el proceso de junio, Sheinbaum deberá definir a sus propios operadores, para prescindir de figuras como las que, literalmente, le han dado la espalda.

No es fortuito que en este contexto hayan hecho aparición, para cerrar filas públicamente con la Presidenta, políticos otrora de oposición como Adrián Ruvalcaba, Eruviel Ávila, Alejandro Murat y Jorge Carlos Ramírez Marín, quienes se presentan como operadores de las estructuras electorales de Morena en la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca y Yucatán. Juntos los cuatro se hacen llamar la “Alianza Progresista”, para consolidarse como una plataforma afín a Claudia Sheinbaum y no precisamente a Morena.

Como estos políticos hay otras figuras que, además de operar sólo para Sheinbaum en los comicios judiciales, buscarán tener más relevancia en las Cámaras de Senadores y de Diputados, además de concretar alianzas con algunas fracciones de los partidos de oposición susceptibles a sumarse a las causas propias de la Presidenta. Entre estos están alfiles cercanos al expanista Javier Corral en la Cámara Alta y al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

En este escenario será interesante medir la fuerza que tendrán liderazgos como Adán Augusto y Monreal para impulsar a los perfiles que ellos mismos han definido como sus cercanos, por ejemplo, los jueces Blanca Alicia Ochoa Hernández y Gabriel Regis López, muy afines a Morena, entre muchos otros.

Posdata 1

El 14 de diciembre de 2022, el Grupo Financiero Actinver, presidido por Héctor Madero, fue sentenciado a pagar 1,100 millones de pesos, más el 6% de interés anual y otros gastos, es decir, una cifra cercana a los mil 500 millones de pesos actuales, como indemnización por daños y perjuicios. El dictamen señala que, como banco, incumplió con los estándares mínimos de lealtad y confianza frente a un cliente al que se le designó como institución fiduciaria, lo que constituye una presunta violación al sistema bancario.

La novedad del caso es que será revisado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se encuentran los ministros Javier Laynez, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán, y ahí se definirá si se le absuelve o se confirma la sentencia.

Una situación relevante y contradictoria es que, en un inicio, Actinver se había desistido de la demanda. Posteriormente, llevó el proceso al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Sin embargo, los magistrados no le dieron la razón jurídica, por lo que la institución financiera interpuso un impedimento contra ellos, además de demandarlos penalmente. Luego solicitó que el caso fuera atraído por la SCJN. El caso llegó a la Primera Sala, pero ahora, nuevamente, tres ministros —Loretta Ortiz, Juan Luis González Alcántara y Jorge Mario Pardo— no le dieron la razón al banco, y este volvió a interponer impedimentos contra ellos.

Además, algunos miembros de la Asociación de Bancos de México (ABM), presidida por Julio Carranza, han solicitado desmarcarse de este caso, ya que Actinver ha informado públicamente, mediante comunicados de prensa, que una sentencia en su contra provocaría un daño a la industria bancaria y fiduciaria del país. Sin embargo, algunos actores de la ABM piden que sean los ministros, con total libertad y autonomía, quienes voten por quien tenga la razón jurídica en este caso y la sentencia sea en contra quien haya violado la ley.

Posdata 2

En este espacio le comenté hace unas semanas de un grupo de empresas proveedoras de equipos de protección y seguridad que, de acuerdo con los registros del SAT, de Antonio Martínez Dagnino, registran créditos fiscales por alrededor de mil 400 millones de pesos y operaciones por 180 millones con empresas fantasma.

Se trata de las razones sociales Promatech —involucrada en la compra del departamento de lujo del general Luis Cresencio Sandoval— Distribuciones y Proyectos SA de CV, México Montecitos SA de CV, GYGGASVER SA de CV y PQ Servicios e Infraestructura SA de CV, las cuales han obtenido en conjunto desde 2010 contratos por más de 2 mil millones de pesos con dependencias como la Sedena.

En aquella ocasión comentamos que las revisiones fiscales de PQ Servicios e Infraestructura de los últimos años estaban en proceso, pero ahora que las ha culminado la autoridad fiscal, habrá que sumar a la cifra negra de este grupo empresarial otros créditos fiscales por 164 millones de pesos y otros 77 millones más con empresas fachada.

Posdata 3

Este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la ministra Lenia Batres está legalmente impedida para conocer y votar un amparo que interpuso el empresario Ricardo Salinas Pliego, debido a las reiteradas expresiones públicas en contra del empresario mexicano.

Inéditamente, la ministra se retiró de la sesión privada de la Segunda Sala, en la que se conocería y votaría el amparo en revisión “492/2023”, sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para requerir información bancaria a Ricardo Salinas Pliego.

Al respecto, Grupo Salinas consideró que tal determinación reafirma que la ministra Batres no garantiza la imparcialidad que exige el ejercicio de la justicia, pues ha demostrado un prejuicio evidente contra el empresario.

Por si fuera poco, la SCJN determinó que la ministra Lenia Batres sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Salinas Pliego.

“Previa audiencia de la ministra interesada, en la que tuvo oportunidad de manifestar en su escrito lo que a su derecho convino, la Sala consideró fundada la recusación por falta de objetividad, en tanto la ley establece que ese supuesto se presenta cuando hay enemistad manifiesta con relación a una de las partes”, dijo la Corte en un comunicado.

La SCJN mencionó que “es público y constan en el expediente” algunas manifestaciones vertidas por la ministra Batres en su cuenta de X“@LeniaBatres”, en las que hace mención del empresario.

Y así, con este y muchos otros exabruptos y faltas de conocimiento en la SCJN, Lenia Batres se aferra a querer presidirla.

@MarioMal

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