La presidenta Claudia Sheinbaum ya comenzó a retirarle el apoyo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Fuentes gubernamentales aseguran que la instrucción que se giró desde Palacio Nacional es mantener distancia con el polémico mandatario, quien, pese a las resistencias dentro de Morena, está en la antesala de la renuncia y el desahucio.

La evaluación que se hizo en el gobierno federal es que, de mantener por más tiempo las cosas como están ahora en Sinaloa, el autodenominado Segundo Piso de la 4T podría tener su propio Ayotzinapa, con un descontento social que tiene potencial de convertirse en una crisis nacional.

El plan es ir quitando poco a poco y de forma sigilosa el respaldo a un inoperante y ampliamente cuestionado gobernante local, también porque, aunque las fuerzas federales han logrado aprehender a objetivos prioritarios, lo escandaloso de la guerra entre grupos del crimen organizado ha eclipsado la estrategia de seguridad nacional.

Como en los tiempos de Ángel Aguirre en Guerrero, Rocha Moya fue elegido por el morenismo para gobernar la entidad del noroeste por sus presuntas conexiones con los “poderes fácticos”. Tuvo el apoyo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente para mantener la calma en un estado permanentemente monitoreado por las agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos, las mismas que fueron fuente inagotable de información en el caso Iguala.

El problema es que el también exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa nunca hizo la tarea. Se dedicó a hacer negocios desde que llegó al gobierno estatal. Sus hijos Eneyda, Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha Ruiz están detrás de diversas empresas contratistas de las dependencias de gobierno. Se ha documentado que consiguen negocios con el sector público desde hace casi 10 años, con flujos de ingresos probados por alrededor de 70 millones de pesos.

Entre las empresas del clan Rocha están las razones sociales Chocosa Ranch, Grupo Rofcar, Agronegocios y Servicios el Águila del Norte, Constructora Chocosa, A&R Inyecta Soluciones, A&R Soluciones y Estadísticas y Construcciones Suaqui.

Rubén Rocha se equivocó al oponerse abiertamente a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum en Morena, pues fue un abierto promotor de la campaña de Adán Augusto López, quien aún le brinda protección en el Senado de la República para evitar cualquier intento de aplicar o siquiera llevar a debate el concepto de Desaparición de Poderes, derivado de la crisis de violencia que vive desde hace varios meses el estado. Extrañamente, por la animadversión con Adán Augusto, el líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, también le ha arrojado un salvavidas.

A Rocha Moya se le acabó el tiempo y su renuncia es inaplazable en las siguientes semanas, para permitir que, como ya está sucediendo en los hechos, las fuerzas federales tomen el control del estado. Dicha estrategia está encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

No será la primera vez que el todavía gobernador de Sinaloa se vea obligado a hacer algo para “salvar el pellejo”; lo hizo en julio del año pasado cuando, según las versiones de inteligencia, citó a reunión a Ismael “El Mayo” Zambada para que fuera aprehendido por agentes de los Estados Unidos.

En aquella ocasión tuvo que apegarse a las instrucciones que le transmitieron los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes vienen colaborando desde hace tiempo con las autoridades estadounidenses; pero en este caso la indicación para apurar su dimisión tiene como objetivo lo contrario: alejarse del foco de las investigaciones extranjeras.

Posdata 1

Este miércoles se presentó un paquete de iniciativas de ley para el sector energético, las cuales contienen las normativas para la implementación de la reforma constitucional aprobada por el Congreso a fines del año pasado.

Dicho paquete ratifica la preponderancia de las empresas estatales, Pemex y CFE, en los sectores de hidrocarburos y electricidad, en detrimento de la iniciativa privada, aunque se creó un modelo nuevo para la participación de los privados en el sector.

El problema es que el establecimiento de porcentajes específicos para la participación del Estado limita el margen de acción del gobierno para alcanzar las metas de generación eléctrica limpia que se fijaron. El 54% de participación de la CFE en electricidad suena a capricho y, lo peor, trae el sello de Manuel Bartlett.

Por otro lado, la creación de la Comisión Nacional de Energía y los nuevos modelos de inversión mixtos y privados pueden generar demoras en la emisión de permisos y modificaciones en reglas de operación, en un momento en que se requiere acelerar la construcción de nuevos proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica para cubrir la creciente demanda eléctrica de México.

Asimismo, la política de mantener tarifas eléctricas por debajo de la inflación si bien resuelven un problema de corto plazo para el gobierno en el control de precios, tiene implicaciones de largo plazo en el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura energética, desalentando la inversión privada. Como si a las y los funcionarios del sector energético les hubiera pasado de noche las amenazas de Donald Trump, o las desestimaran.

Vaya reto para la secretaria de Energía, Luz Elena González, y sus dos titulares de las empresas estatales, Víctor Rodríguez en Pemex, y Emilia Calleja en CFE, quienes no han tenido un buen inicio de sexenio.

Posdata 2

La inversión de mil millones de dólares que anunció Nestlé México, a cargo de Fausto Costa, será principalmente para ampliar sus líneas de producción en las fábricas de Purina en Guanajuato y el Estado de México, donde se destinarán unos 156 millones; de Nescafé en Veracruz, con 370 millones, y de Carnation en Querétaro, para el que se proyectan alrededor de 23 millones de dólares.

La noticia tuvo buen recibimiento en Palacio Nacional, porque además involucra una inversión en los llamados programas de abastecimiento responsable, específicamente los conocidos Plan Nescafé y Nestlé Cocoa Plan, que operan en los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Puebla.

Posdata 3

Apenas apareció en público hace unas semanas el exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, José Alfonso Esparza Ortiz, comenzó a circular la versión de que tiene abiertas diversas investigaciones por presuntos desvíos del presupuesto de la institución educativa.

Del otro lado se asegura que el académico ya logró cerrar todos los procesos en su contra, derivados del enfrentamiento personal que mantenía con el fallecido gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, por haber reclamado los altos índices de inseguridad que experimentaban los jóvenes universitarios en la entidad.

El Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Puebla han resuelto que los cargos que se le imputaron carecen de elementos probatorios, por lo que se determinó dar por concluidas las carpetas de investigación y dictaminar el no ejercicio de la acción penal.

La reaparición del rector que llevó al equipo de Lobos BUAP a experimentar unas temporadas como integrante de la Liga MX se dio en la toma de protesta de Alejandro Armenta como nuevo gobernador poblano, evento al que acudió en calidad de invitado de honor.

@MarioMal