A Morena lo alcanzó la realidad: la elección derivada de la Reforma Judicial, que presumió la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cumbre del G20, empieza a lucir como una hazaña por las complejidades geográficas, sociales, económicas y educativas de los 32 circuitos en los que se elegirán a jueces y magistrados.
En varias entidades la participación para inscribirse como posible integrante del nuevo Poder Judicial ha sido mucho menor a la esperada, de ahí que tanto la presidenta Sheinbaum, como sus principales juristas de confianza, han llamado a las personas que cumplen con los requisitos a realizar su registro antes del domingo 24 de noviembre.
El reto es aún mayor en estados con alta incidencia delictiva como Guanajuato, que gobierna Libia Dennise García, donde se tienen que elegir 27 personas, 13 magistrados y 14 jueces; o Chiapas, de Rutilio Escandón, con 19 lugares, y en Guerrero, de Evelyn Salgado, un total de 20: 10 magistrados y 10 jueces de distrito.
En Tamaulipas, de Américo Villarreal, la elección será de 13 magistrados e igual número de jueces; en Colima, gobernada por Indira Vizcaíno, se elegirán 6 candidatos; en Nayarit, de Miguel Ángel Navarro, se votarán 13 cargos.
En el circuito de Morelos, donde hace poco tomó posesión Margarita González Saravia, hay 22 cargos en disputa, mientras que en Baja California, de Marina del Pilar, se van a disputar un total de 31 cargos, correspondientes a 17 jueces y 14 magistraturas de circuito.
En el caso de la Ciudad de México, que gobierna Clara Brugada, se votará por 104 magistrados y 64 jueces, lo que da un total de 168 cargos. El mayor número de puestos a elegir es precisamente en la CDMX, donde se requieren más de mil millones de pesos de presupuesto, según los cálculos de los consejeros electorales de la capital.
Hasta el cierre de esta columna había inscritas unas 3 mil 500 personas, según las cifras oficiales, pero son necesarias más de 5 mil 400. La tarea se antoja difícil si se toma en cuenta que faltan dos días para el cierre de inscripciones.
En ese escenario, en Palacio Nacional han echado mano de promotores con carrera en el Poder Judicial para tratar de consolidar la implementación de la Reforma. Lo mismo el exministro Arturo Zaldívar, como la presidenta de la sala penal del Tribunal de Tlaxcala, Mary Cruz Cortés, o la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, han encabezado la convocatoria para incentivar la participación.
La complejidad, como lo he descrito en este espacio, no solamente comprende el proceso de inscripción, sino que el Instituto Nacional Electoral, que preside Guadalupe Taddei, clama porque que la elección se realice hasta agosto o septiembre de 2025 y no el 1 de junio como está programado.
La propuesta, que no fue bien recibida en la Cámara de Senadores, se veía como un salvavidas para terminar extendiendo el apretado calendario para la inscripción y evaluación de los perfiles que se someterán a votación el siguiente año.
La negativa de aplazar los comicios judiciales ha metido en un brete a los ideólogos e impulsores de Reforma Judicial, desde la Presidencia, el Poder Legislativo, las ministras y quienes han arrastrado el lápiz para tratar de echarla a andar.
Posdata 1
Dentro de la reforma para desaparecer a siete organismos autónomos, una reserva preocupa y tiene en alerta a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
Se trata del ajuste que propusieron el coordinador de los Diputados de Morena, Ricardo Monreal, y el vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar, para fusionar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Básicamente se propone trasladar las atribuciones del IFT al nuevo ente encargado de la competencia, que será un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía. El mayor riesgo es que entre dichas atribuciones está la regulación asimétrica de telecomunicaciones y radiodifusión, sectores en los que América Móvil y Grupo Televisa, respectivamente, son considerados Agentes Económicos Preponderantes.
El resto de las facultades del IFT pasarían a la Agencia de Transformación Digital, que encabeza José Merino. Con ello se generará una doble ventanilla que complicará aún más la regulación y el cumplimiento de las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión.
Posdata 2
Este jueves, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Marath Bolaños, otorgó la toma de nota al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con lo que se confirmó a Ricardo Aldana como secretario general.
Hace tres semanas, Aldana Prieto se proclamó ganador de la elección interna del Sindicato Petrolero con el aval de más de 57 mil trabajadores (82% de la votación), por lo que ya llevó a cabo sus primeras acciones públicas, como la inauguración del Centro de Capacitación y Adiestramiento del Sindicato en Tabasco, la semana pasada, acompañado por el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.
Posdata 3
Apenas inicia el sexenio y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo de Martí Batres, ya recurrió a las adjudicaciones directas.
Hace unos días, el ISSSTE entregó el contrato AD-DAF-SRMS-479/2024 a la empresa Procesadora y Distribuidora Los Chaneques SA de CV, cuyo representante legal es Huber Solorio Aguilar. El objetivo de la contratación es el suministro y distribución de alimentos en algunas de las unidades médicas, hospitales, clínicas y Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil operadas por el ISSSTE, esto durante un periodo de 45 días y por un costo máximo de 80 millones de pesos.
