Está por consumarse un grave retroceso en el acontecer político y jurídico nacional. La cancelación de la carrera judicial que llevó casi treinta años de esfuerzos detiene una ruta que iba consolidando un poder judicial —el federal— independiente, profesional, imparcial. La nueva etapa judicial de la república con jueces electos popularmente, más que una decisión institucional, resultó demagógica y según voces autorizadas (Noroña) une mera venganza política. Grave descenso de las instituciones.
El debate judicial se ha ubicado falsamente en dos premisas ideológicas: En una esquina, (como se anuncian los boxeadores) entre los partidarios de la 4T que arrasan con todo; en la otra los opositores que ven el derrumbe de instituciones, el fin del Estado de Derecho y la llegada de una dictadura que no dejara títere con cabeza, ni precepto constitucional vigente incluyendo a las cláusulas pétreas —división de poderes, soberanía nacional, supremacía constitucional, sistema representativo, federalismo, derechos humanos.
La elección popular de los jueces mexicanos es un hecho consumado, las manifestaciones judiciales en contra son patadas de ahogado. El costo mayor es tirar lo invertido en construir una carrera judicial que estaba en franco camino de consolidación. Bernardo Bátiz, declarado partidario de la 4T, intachable funcionario público, miembro del Consejo de la Judicatura Federal declaró: “La experiencia que he tenido a mi paso en el Poder Judicial es que la gran mayoría de los juzgadores ejercen plenamente su independencia y no son corruptos”.
Bátiz tiene razón. En un afán de vulnerar moralmente a los jueces y magistrados, se han propagado custionamientos sobre su actuación: se les ha tildado sin pruebas de corruptos, es cierto que se ha comprobado nepotismo cruzado (contrarto a tu pariente y tu al mío), pero no hay pruebas de que sean sistemáticamente defensores de privilegios de la oligarquía o sus alfiles.
Lo indudable es que los integrantes de la judicatura federal, jueces de distrito y magistrados de circuito habían conformado una élite profesional en el servicio público de la república. Ningún otro funcionario público hace carrera administrativa, salvo los integrantes del servicio exterior. Los integrantes de la judicatura en México, como el mismo Bátiz lo expresó, “tienen una vida personal difícil, más difícil que en otras árteas del servicio público, de constante estudio, capacitación, cambio de temas en sus asuntos que tienen al a su alcance, así como cambios frecuentes en su lugar de trabajo”.
Cuando me desempeñé como consejero de la judicatura federal me ocupé de revisar la seguridad de un juez de distrito que tenía a su cargo uno de los asuntos penales más complicados de 1996 que lo ponían en riesgo de su seguridad personal. Me enteró que, en sus trayectos al juzgado ubicado en Toluca, lo acompañaba su chófer en un vochito, que cargaba una pistola calibre 22. Ese mismo juez además de asuntos de Estado a su cargo se preparó y ganó con honores académicos el concurso de oposición para ser electo magistrado de circuito.
Debería encontrarse alguna forma para que a los requisitos para acceder a las elecciones judiciales —los que motivaron la burla en Harvard y la depresión en el Poder Judicial en San Lázaro— se introduzcan elementos de la carrera judicial.
México saldrá de este trance, como ha salido de otros en su historia, aunque tendrán que pasar muchos años. El costo es alto pues se tira a la basura un grupo de funcionarios del Estado mexicano, no del gobierno que es otra cosa, de alta calidad técnico-jurídico y moral. La carrera judicial estaba en el casillero de los éxitos republicanos, otro es el examen de admisión de la UNAM que confiamos no se les vaya a ocurrir cancelarlo.
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