Ninguno de los argumentos que se han esgrimido para matar al Inai es cierto. Ninguno. Bastan dos dedos de frente y una pizca de honestidad para entender que nunca será lo mismo controlar desde el gobierno toda la información, que exigirla por fuera. Las y los contralores nombrados por cercanía con la presidenta y los gobernadores preferirán cuidar a sus jefes.

De hecho, por eso se creó el Inai: porque los gobiernos de los estados se negaron a abrir la información a pesar de la reforma al Artículo Sexto de la constitución que se promulgó desde el año 2007. No fue “la mafia del poder” la que promovió el derecho a saber, sino la comunión de organizaciones sociales de izquierda que, durante años, pugnaron por hacer valer ese derecho: Artículo 19, Fundar, Equipo Pueblo, todo el Colectivo por la Transparencia y la Red por la Rendición de Cuentas, entre un amplio etcétera que, en sentido opuesto a las mentiras que hoy se propagan como “verdad histórica”, lucharon unidas para impedir que solamente unos cuantos tuvieran acceso a la información pública.

Fue esa lucha la que hizo posible el “parlamento abierto” que, por primera vez en la historia de México, permitió que una reforma constitucional y su legislación secundaria se redactaran directamente por activistas de izquierda, en acuerdo con senadoras y senadores. Entre estos el liderazgo lo tuvo Alejandro Encinas, pero también participaron Javier Corral, Zoé Robledo o Laura Rojas, entre muchas otras legisladoras y legisladores que honraban sus cargos. Basta leer la exposición de motivos de la Ley General de Transparencia para recordar cómo se gestó esa mudanza, impulsada por la sociedad civil en contra de los privilegios y de la opacidad. Y en la misma ruta se diseñaron también las otras normas fundamentales de ese nuevo derecho fundamental: la ley general de protección de datos y la ley general de archivos, que nació desde el Consejo Académico del Archivo General de la Nación.

Gracias a la existencia del Inai y del Sistema Nacional de Transparencia fue posible vencer las resistencias de los gobiernos estatales y municipales para abrir la información y ponerla a disposición de las y los ciudadanos (no escribo a disposición del pueblo de México, sino de las y los ciudadanos, porque esta palabra implica la titularidad de derechos fundamentales y reconoce el origen de la soberanía, mientras que la primera masifica, oculta la diversidad con un sustantivo y esconde la importancia de garantizar los derechos). Sin Inai, los gobernadores hacían lo que les venía en gana con la información, lo mismo que las y los diputados, los partidos y los sindicatos. No entregaban documentos válidos y verificables sino propaganda, informes políticos y datos corregidos y amañados para ocultar la verdad. Y ahora, por voluntad del partido hegemónico, podrán volver a esas prácticas.

Solamente desde la más párvula ingenuidad o el más refinado cinismo puede decirse que las y los contralores designados a modo por las y los gobernadores de los estados estarán dispuestos a superar los estándares de transparencia que a duras penas habíamos ganado. Basta asomarse a las resoluciones emitidas por el Inai para darse cuenta de lo que vendrá: alegatos burocráticos y legaloides para cerrar o procrastinar lo que quieran, sin tener que someterse a una autoridad superior que les exigía cumplir con el principio de máxima publicidad establecido en la Constitución. Y lo mismo vale para las fuerzas armadas que han esgrimido la falsa excepción de la seguridad nacional para manejar la información a sus anchas.

La extinción del Inai no solo confirma la vocación autoritaria del nuevo régimen, sino que está basada en patrañas. El derecho a la verdad ha quedado sepultado bajo un alud de mentiras.

Investigador de la Universidad de Guadalajara