De los comités de evaluación creados por cada uno de los tres poderes de la unión como receptores del registro, verificadores de requisitos, calificadores de elegibilidad y proponentes de las y los candidatos que contenderán en la elección popular de ministros, magistrados y jueces federales, solamente el del Poder Judicial Federal ha sido completamente transparente en lo que va del proceso.
Este aserto deriva principalmente de un hecho: Solo ese comité hizo pública la lista con el total de los nombres inscritos para renovar un total de 881 cargos, una vez que concluyó el domingo pasado el plazo para el registro.
Los comités de evaluación de los poderes legislativos y judicial, solo informaron del número total de inscritos a través de quienes han cumplido la función de voceros: el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña por parte del Congreso y el ministro en retiro Arturo Záldivar, por parte de la Presidencia. Los nombres quedaron resguardados para darse a conocer hasta el próximo 15 de diciembre, una vez revisado el cumplimiento de requisitos.
Ese hecho, más el disparo de registros que se detectó los dos días previos al cierre de la inscripción al pasar de menos de cinco mil a más de 49 mil, ha levantado todo tipo de suspicacias respecto a la transparencia del proceso.
Las cifras conocidas hasta ahora nos dicen que se inscribieron 49 mil 398 personas: tres mil 805 en el comité del Judicial, 18 mil 447 en el del Ejecutivo y 27 mil 146 en el del Legislativo
De ese total, 480 aspiran a ser uno de los nueve ministros de la nueva Corte, 333 a uno de los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 77 a dos de las magistraturas del Tribunal Electoral, 388 a sus salas regionales, cinco mil 192 a magistrados de Circuito y diez mil 599 a jueces federales. Hay mil 378 registros con errores.
Entre el total de inscritos ante el comité del Poder Judicial -el menos opaco según le decía- 103 postulan para ministras y ministros de la Corte.
Al revisar la lista de sus nombres y su currículo, ellas y ellos destacan en sus tareas como abogados, ya sea en el litigio, la academia o los tribunales, pero realmente son pocos los conocidos por haber desempeñado cargos públicos de relevancia o por ser familiares de quienes lo han hecho.
Entre estos últimos aparecen nombres como el de Marisela Morales Ibáñez, procuradora general de la república en el tramo final del gobierno de Felipe Calderón; Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro y secretaria de Gobernación con AMLO, Olga Sánchez Cordero; los exconsejeros de la Judicatura Federal, Rosa Elena González Tirado y Sergio Javier Molina Martínez; la magistrada Ana María Ibarra Olguín, quien fungiera como directora del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte durante la presidencia de Arturo Zaldívar en el máximo tribunal; el actual fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, quien fuera subprocurador general en los gobiernos de Fox y Peña Nieto; y el académico Manuel González Oropeza.
Porque así lo han anunciado, porque su actual posición les permite inscribirse automáticamente o porque sus nombres se han filtrado desde los comités de evaluación del Ejecutivo y el Legislativo, están otras y otros aspirantes:
Las ministras de la Corte: Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel; los consejeros de la Judicatura Federal, Bernardo Bátiz y Celia Maya García, excandidata de Morena al gobierno de Querétaro; el presidente del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, Guillermo Vals Esponda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez; Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular de Felipe Calderón; la actual magistrada de Circuito, Fabiana Estrada Tena; la magistrada del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Mónica Guicho; y Plácido Humberto Morales Velázquez, actual procurador federal de Defensa del Trabajo.
La gran cantidad de candidatas y candidatos y el desconocimiento público de muchas de ellas y ellas serán una complicación para el votante, de quien cabe esperar un esfuerzo adicional de conocimiento para que, en aras de la calidad de la justicia, ejerza un voto informado y muy bien razonado.
Instantáneas:
1. UNIDAD CONTRA LA AMENAZA. No son pocos los vociferantes que con espuma rabiosa en la boca gritan a los cuatro vientos que la presidenta Claudia Sheinbaum logró lo impensable: empeorar con su respuesta a las amenazas arancelarias de Donald Trump la ya de por sí deteriorada relación con Estados Unidos. Difiero de tal aserto: con su respuesta firme y desafiante, lo impensable que sí logró Sheinbaum fue concitar claras muestras de unidad nacional frente a una amenaza común. Ya las dejó ver un importante grupo de empresarios que se sumará a la renegociación del T-MEC y que trabaja con el gobierno federal en la elaboración de un plan que potenciará la relocalización y la inversión. También las dejó ver ayer el PAN al anunciar que su dirigencia, senadores y diputadas cierran filas con la presidenta ante las amenazas de Trump.
2. RETORNO A LA POLÍTICA INDUSTRIAL. Convocado por Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, el grupo empresarial de marras participó en la elaboración del Plan México que será presentado la semana entrante por la presidenta Sheinbaum. Dicho plan recupera para el país una política industrial que implementará “Polos de Desarrollo” que incluyen la construcción de cien parques industriales de acuerdo con las vocaciones productivas y la disponibilidad de recursos naturales en las diversas regiones del país. Esa política pública buscará la producción aquí de manufacturas que ahora importamos y será el fundamento -según dicho de la propia Sheinbaum- del crecimiento de 2.5% que muchos dudan que se logre el año entrante.
3. SE DAN CON TODO EN EL EDOMEX. Paulina Moreno, extitular de la Secretaría de Finanzas del Estado de México está por ser notificada de la realización de varias auditorías a su breve gestión en el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez. La cercanía de Paulina Moreno con Juan Pablo de Botton, exsubsecretario de Egresos Federal y actual secretario de Finanzas en CDMX, y por lo tanto con Andrés López Beltrán, el poderoso secretario de Organización de Morena permite suponer que no correría riesgo alguno. Sin embargo, la llegada de Oscar Flores Jiménez como responsable de los dineros mexiquenses han provocado ya -como le informamos en entregas pasadas- un cisma en la entidad, a grado tal que ya lo han situado como un posible sucesor de Delfina. Oscar Flores sabe que sus adversarios políticos no están sólo en el Edomex y por eso presiona a los que llegaron de fuera, como la propia Paulina Moreno, lejana tanto del grupo Texcoco como del de Toluca.
4. SECRETARIA EJECUTIVA HABEMUS. La presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, logró por fin el consenso para nombrar a la secretaria ejecutiva del organismo. Ayer mismo tomó posesión del cargo ejecutivo más importante del Instituto Claudia Arlet Espino, quien fuera presidenta provisional del órgano electoral de Chihuahua. El nombramiento ocurre luego de casi dos años en los que las propuestas de Taddei para el cargo no obtuvieron el respaldo mínimo de ocho consejeros electorales, razón por la cual el INE operó con cuatro secretarios ejecutivos encargados del despacho. El nombramiento de Claudia Arlet Espino fue avalado por diez de los once consejeros electorales. Solo votó en contra a consejera Carla Humphrey por considerar que había impedimentos legales no aclarados, como acusaciones de malversación de fondos en el instituto electoral de Chihuahua. La falta de consensos para los nombramientos ejecutivos del INE dio lugar a la aprobación de una ley que otorga amplios poderes a la consejera presidenta para hacer las designaciones correspondientes sin el aval del Consejo General. Dicha norma no pudo ser aplicada ya que se encuentra impugnada ante la Corte.
5. “ENJAMBRE” LLEGA A LA CDMX. Autoridades federales y locales llevaron a cabo ayer cinco cateos en inmuebles de tres alcaldías de la Ciudad de México, donde fueron detenidos seis hombres y una mujer, y se aseguró droga y armamento. La información fue confirmada en sus redes sociales por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Todo indica que dichos operativos son parte de la operación “Enjambre” iniciada hace unos días en municipios del Estado de México. Los inmuebles cateados están en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan. Van a seguir y según se supo no hay alcaldía exenta.
@RaulRodriguezC
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