Resulta que José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, quienes hoy dirigen la Cruz Azul y acusan a su antecesor Guillermo “Billy” Álvarez del presunto desvío de 114 millones de pesos de la cooperativa a través de cuatro empresas fantasmas, recurrieron a una compañía inexistente para facturar 26.7 millones de pesos de una supuesta auditoría en cuyos resultados se basa el proceso que tiene en prisión a quien durante tres décadas encabezó a la cementera.
La denuncia correspondiente quedó fincada en el SAT con el folio 11734 el pasado jueves 30 de enero y señala como presuntos responsables a Marín Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración; a Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Vigilancia; a la tesorera general María Alejandra Velázquez Paredes, al director financiero Juan Manuel Briseño González y a los representantes legales Jonnathan Julián Molina Suárez y Rafael Anzures Ortiz.
La emisora de la factura de marras es “Asesoría Jurídica y Fiscal Larme”, membrete incluido por el SAT en su lista de entidades que facturan operaciones inexistentes o simuladas y que suelen utilizarse en esquemas de evasión fiscal o lavado de dinero.
La factura con el folio fiscal 371D7884-BF5A se expidió por servicios de auditoría fiscal para revisar los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2019, con fecha 4 de septiembre de 2020.
Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel, quienes se han asumido como los supuestos salvadores de la cooperativa tras la detención de “Billy” Álvarez en la ciudad de México el pasado 16 de enero, podrían enfrentar cargos de defraudación fiscal, responsabilidad penal, encubrimiento y delito continuado.
Por este conflicto en Cruz Azul que ya lleva más de seis años, se han registrado violentos enfrentamientos y tomas de instalaciones entre grupos antagónicos de cooperativistas que ya han dejado diez muertos.
Entre los 200 cooperativistas expulsados por este conflicto, de los que al menos 50 están demandados por Marín Gutiérrez y Velázquez Rangel, hay varios que denuncian el proceder intimidante de los actuales directivos de la cementera.
Una de las víctimas de amenazas contra él y su familia es —según sus recientes declaraciones— Martín Anselmi, quien fuera director técnico del equipo de futbol. El entrenador argentino dijo que fue víctima de una campaña de linchamiento mediático de la directiva de Cruz Azul a partir de una mentira, ya que él avisó con tiempo e incluso se negoció con el club, su fichaje en la escuadra lusitana Porto.
En una carta de “Billy” Álvarez recibida por esta columna, el hoy encarcelado expresidente de la Cooperativa Cruz Azul hace un puntual recuento del conflicto y acusa que a él y a sus socios cooperativistas les crearon delitos para ser despojados de la Cruz Azul “en una maniobra orquestada desde el poder” iniciada en el segundo semestre de 2019.
Le pone nombre al autor de dicha maniobra: el entonces consejero jurídico de la presidencia de AMLO, Julio Scherer Ibarra y afirma: “… no necesito decir que soy inocente, sino que con hechos demostraré que se me convirtió en villano para justificar un despojo”.
Álvarez denuncia también arbitrariedades cometidas en su contra por el aparato de justicia, abuso de autoridad y acciones dilatorias del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, y una cascada de juicios en su contra promovidos en su momento por abogados como Guillermo Barradas y Rafael Anzures Ortiz (este último hijo de quien fuera en su momento presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa) cuyo despacho ha recibido en menos de tres años -según el señalamiento de Álvarez- pagos que exceden los mil 200 millones de pesos.
Cabeza de Vaca y su guerra sucia en Tamaulipas
En las oficinas del gobierno de Tamaulipas saben bien que en política no hay casualidades e identifican al exgobernador panista y prófugo de la justicia Francisco García Cabeza de Vaca como el promotor de la acusación mediática que vincula con el narcotráfico al actual mandatario morenista, Américo Villarreal Anaya.
En línea con la grave acusación hecha contra México por la Casa Blanca de que nuestro gobierno mantiene una “alianza intolerable con el narcotráfico”, medios estadounidenses y mexicanos han hecho eco, hasta ahora sin evidencia concluyente, de semejante aserto.
Por el tamaño de esa acusación y el tono en que fue formulada, los intereses representados por García Cabeza de Vaca asumen que las autoridades estadounidenses ya tienen avanzadas investigaciones contra pesos pesados de la política mexicana.
Incluso hablan de una larga lista en la que aparecen, entre otros, los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Sobre este último, el portal Código Magenta recuperó información sobre la iniciativa de ley que promueve en el Congreso tamaulipeco el diputado morenista Elifa Gómez para extender el fuero constitucional a Norberto Barrón, jefe de la oficina del gobernador Villarreal Anaya.
Según ese medio periodístico, la iniciativa dio lugar al rechazo de la oposición panista con el argumento de que se quería blindar a Barrón por ser el presunto enlace del gobierno (infiltrado por el asesinado Sergio Carmona, llamado “el rey del huachicol”) con “El Chapo Isidro”, jefe del cártel del huachicol fiscal que opera en las aduanas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.
La respuesta del gobierno de Tamaulipas ha sido airada, incluso dejando abierta la posibilidad de proceder legalmente contra el referido portal informativo porque considera que una cosa es la libre expresión a través de un periodismo crítico y ético que se sostiene en hechos, y otra la propaganda perniciosa que se hunde en la mentira.
El gobierno tamaulipeco considera las acusaciones en su contra como una guerra sucia que busca debilitar a una gestión que —asegura— ha puesto fin a la impunidad y recuperado instituciones secuestradas por la corrupción.
Francisco Cuéllar Cardona, vocero del gobernador Américo Villarreal Anaya, considera que el ataque no es causal ni espontáneo, que se trata de una estrategia deliberada, construida sobre falsedades y sustentada en testimonios sin credibilidad. No son más que el pataleo — agrega— de quienes perdieron el poder y ahora ven cómo sus estructuras de corrupción se desmoronan.
Contrasta lo que llama ataques mediáticos con este recuento: 790 carpetas de investigación en trámite en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 90 denuncias contra exfuncionarios del gobierno panista; 15 exservidores públicos vinculados a proceso; un exsecretario de Bienestar en prisión; y el exgobernador Cabeza de Vaca prófugo de la justicia.
El caso es que a la lista de quienes presuntamente están en colusión con el narcotráfico, ahora han sumado al empresario Carlos Slim, citando lo dicho en ese sentido en su red social X por el magnate Elon Musk, el hombre más rico del planeta y hoy funcionario del gobierno de Donald Trump.
¿Quién sabe cuáles van a ser las consecuencias?
Instantánea:
1. TODOS METIERON LA PATA: CORTE. El pleno de la Corte fijó ayer un plazo de 24 horas a los jueces federales que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial para que revisen de oficio (o sea sí o sí) sus determinaciones y revocar aquellas que invadan la materia electoral, lo que dejó el camino abierto para que se continúe con la elección de jueces, magistrados y ministros. El proyecto de sentencia presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena incluía un resolutivo cuarto en el que ordenaba el acatamiento de todas las suspensiones definitivas determinadas por los jueces generales, pero que no alcanzó la mayoría de seis votos requeridos para su aprobación. Al argumentar su proyecto de sentencia, Gutiérrez Ortiz Mena dijo que todas las autoridades responsables en los juicios de amparo contra la elección judicial tomaron atribuciones que no les competen: las suspensiones estuvieron mal concebidas por tratarse de materia electoral que no está sujeta a amparo, pero eso no autorizaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque no tiene competencia, a interrumpir la cadena impugnativa del amparo.
2. SANCIÓN A COLEGIO POR ABUSO SEXUAL. En 2019 se registró un caso de abuso sexual en el Colegio Piaget del Pedregal, en el sur de la CDMX. Fue hasta abril del 2022 cuando se presentó denuncia contra el agresor, Jesús “N”, que fue detenido en noviembre de ese mismo año y sentenciado en abril de 2024. Posteriormente, la fiscalía capitalina determinó la probable responsabilidad del colegio por omisión en su responsabilidad de ser garante de la seguridad de sus estudiantes, por lo que se inició un proceso penal que está en marcha y con un amparo pendiente de resolverse antes del juicio. Los padres del menor interpusieron una queja ante la SEP y la dirección general de Operación de Servicios Educativos en la CDMX, donde se acaba de emitir una resolución que confirma la responsabilidad del Instituto Piaget y considera la revocación de su acuerdo de incorporación como escuela primaria, lo que terminará por resolverse este viernes. Dichas sanciones aún pueden ser impugnadas por el Instituto Piaget.
3. NOMBRAMIENTOS EN LA UNAM. El periodista Néstor Martínez Cristo fue nombrado por el rector de la UNAM, Leopoldo Lomelí Vanegas, como coordinador de Proyectos Especiales de la Rectoría. Deja la dirección general de Comunicación Social que también por nombramiento del rector de la máxima casa de estudios ocupará el economista Mauricio López Velázquez, quien se desempeñaba como director del Programa de Vinculación con Egresados y Académicos Jubilados de la universidad. Éxito para ambos en sus nuevas encomiendas.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
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