El Poder Judicial no tiene credibilidad moral. Esto no es una circunstancia actual debida al presidente Obrador, es de siempre. Nunca los mexicanos hemos creído que opera de forma recta, conforme a la Ley.

Ahora tenemos los números que capturan las causas reales de nuestra desconfianza. Según la investigación realizada por el periodista Jesús Lemus, y publicada bajo el título El cártel judicial, el 99.6% de las sentencias en México son recurridas y deben ir a una instancia superior.

En EUA lo son solo el 43%. En Guatemala, el 78%. En Honduras, el 59%.

El PJ libera a Juan Collado, Lozoya y Rosario Robles –al mismo tiempo que en la cárcel de cada 10 presos, 6 no han pasado por un juicio. Es decir, podrían ser inocentes. La cifra es peor en caso de las mujeres. 7 de cada 10 presas no han recibido un juicio.

¿Por qué las cárceles están llenas de pobres?

Lemus señala que para defenderse, un acusado necesita de un abogado. Se supone que hay abogados de oficio, gratuitos. Pero son insuficientes. Y un abogado no gratuito cobra entre 30 mil y 70 mil pesos por defender a alguien.

¿Qué campesino u obrera tiene ese dinero?

Siguen los números de Lemus.

De las 75 organizaciones criminales del país, todas, todas, tienen su juzgador: uno que de forma rutinaria les lava los delitos. Los grandes grupos económicos, lo propio: todos, todos, tienen su juzgador.

El nepotismo es rampante. La mitad de los juzgadores han contratado a parientes.

Y el nepotismo y el amiguismo son un engrudo que fija al interior del PJ la injusticia: solo un juzgador de cada 5 ha llegado a su puesto por la vía de un examen de oposición. Los otros 4 han sido llevados al puesto vía sus relaciones familiares o de amistad con juzgadores de más alta jerarquía.

Solo el 20% de los juzgadores carecen de señalamientos por el órgano de vigilancia interna del mismo PJ. Es decir, 80% sí tienen señalamientos de deshonestidad.

No sé el lector, la lectora, pero yo no conozco a nadie que no se persigne tres veces cuando está por presentarse ante un juez mexicano. Y eso contando a los ateos y los judíos. Al presentarnos ante un juzgador, intuimos que tenemos pocas probabilidades de recibir pulcra y llana justicia.

—Más bien la administran –me explicó Lemus cuando lo entrevisté en Largo Aliento.

Es decir, la subastan.

Las objeciones atendibles a la Reforma Judicial son dos. Que poner a votación de los ciudadanos los puestos de los juzgadores no mejorará la impartición de justicia. Y que una reforma útil tendría que abarcar también a las lerdas y corruptas fiscalías y al Poder Judicial Estatal, que en la práctica atiende el 80% de los casos de los ciudadanos de a pie.

Solo desalojar de golpe a los mil y tantos juzgadores del Poder Judicial Federal sería como voltear un saco de papas donde abundan las podridas, y volverlo a llenar de papas, cuando el problema es que el saco está contaminado.

Queda en la responsabilidad de la nueva presidenta que no sea el caso. Que el desalojo de los juzgadores no sea un puro acto de poder –de prepotencia– y sea el primer paso hacia un mejor Poder Judicial.

Veremos.

Pero nuestras élites, cuando defienden a un Poder Judicial por principios abstractos, traicionan a la verdad –y a la gente real—.

Benefactoras del pacto de impunidad, encerradas en sus salones de espejos, sus relatos palaciegos y sus pullas directas con otros poderosos, al defender al Poder Judicial tal y como es, defienden una institución que no sirve a la mayoría de la gente —y con ello se oponen a la justicia.

¿Cuántos son esos que temen al Poder Judicial, tal como es hoy, en lugar de tenerle confianza? Según el INEGI, 7 de cada 10 mexicanos.