Con un primer decomiso de productos chinos piratas y de contrabando, valuado en 56 millones de pesos y requisado en apenas un edificio del centro histórico de la Ciudad de México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se aventó el pasado viernes la puntada de decir que: “Se acabó la fiesta” de las importaciones ilegales chinas y de la venta de piratería y mercancía de contrabando en diversas ciudades de la República Mexicana, en referencia a que, ahora sí, el gobierno federal perseguirá y combatirá el comercio desleal y el contrabando de los chinos que no paga impuestos y que afecta a industrias mexicanas como la textil y la del calzado.
Pero dice el dicho que “una golondrina no hace verano” y parece muy pronto para que Marcelo Ebrard utilice un tono triunfalista y demagógico, cuando apenas han llevado a cabo un operativo conjunto, con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Guardia Nacional, para decomisar mercancía pirata de grandes marcas y combatir el contrabando ilegal de empresas importadoras chinas que están inundando de productos ilegales el comercio informal de varias ciudades mexicanas.
Porque de acuerdo con datos oficiales de la propia Secretaría de Mexicana, existen alrededor de 19 plazas o edificios comerciales en igual número de ciudades de la República Mexicana, como Guadalajara, Monterrey, León, Puebla, Tijuana y la Ciudad de México, entre otras, en las que se comercian a granel y completamente en efectivo, productos pirata y contrabando proveniente de China.
Y hasta ahora, por lo que se supo el pasado jueves 28 de noviembre, apenas va una plaza, la de la avenida Izazaga 89 en el Centro Histórico de la CDMX, en la que ejecutan el operativo contra el contrabando chino, lo que llevó a la clausura de dicha plaza y a solicitar ante la FGR la extinción de dominio a los dueños del edificio, a partir de que fue utilizado para llevar a cabo actividades delictivas graves, según establece la Ley de Delincuencia Organizada mexicana.
Según los datos oficiales de la dependencia que encabeza Ebrard Casaubon, el déficit comercial que actualmente existe entre México y China, asciende a 114 mil millones de dólares. Es decir, que mientras los chinos nos habían vendido hasta julio de 2024, 11,442 mdd, las ventas internacionales de México a China fueron apenas de 649 mdd, es decir un balance negativo para México 10,793 mdd.
Por eso cantar victoria y decir que ahora sí “se acabó la fiesta” de las importaciones ilegales y el contrabando chino parece no sólo apresurado, sino irreal y fantasioso por parte del secretario Marcelo Ebrard. Una cosa muy distinta sería decir que este, de Izazaga 89 en el centro de la capital del país, será el primero de muchos operativos que se empezarán a ejecutar en los próximos meses para tratar de combatir la piratería y el contrabando provenientes del gigante asiático, para buscar ordenar y equlibrar el intercambio comercial entre México y China.
Porque además, según la versión oficial, la Secretaría de Economía de Ebrard y el IMPI, que encabeza su amigo Santiago Nieto, decidieron actuar y ejecutar el operativo de Izazaga “a partir de las denuncias interpuestas por empresarios mexicanos del calzado y los textiles, además de denuncias también de grandes marcas de diseño como Adidas, Nike y otras marcas de lujo que también denunciaron la piratería en contra de sus diseños y productos. Lo que no dicen ni Ebrard ni Nieto, es que esas denuncias llevaban meses, sino es que años presentadas por las empresas nacionales y extranjeras, sin que el gobierno federal las atendiera.
La realidad es que las amenazas de Donald Trump y las acusaciones de que México ha sido excesivamente tolerante con el comercio chino, legal e ilegal, hechas por Canadá y por el propio presidente electo estadunidense, obligaron al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum a tratar de “mandar señales muy claras y contundentes” de que México y su gobierno no están siendo tolerantes y omisos con la invasión de mercancía y productos chinos de bajo costo, que se dejaron entrar y se toleraron durante la administración de López Obrador.
Porque eso fue lo que está provocando la molestia de los estadounidenses y los canadienses, que acusan a México de aceptar la invasión de productos chinos que contraviene y afecta no sólo a sus industrias nacionales, sino también a las disposiciones y reglas del TMEC que obligan a sus socios a dar prioridad al mercado de Norteamérica y no al del gigante oriental.
Fueron al menos dos décadas en las que México permitió la “invasión China” que llegó para comprar en cash y con ofertas muy atractivas edificios y locales en los centros históricos de las principales ciudades mexicanas, que fueron convertidos por los contrabandistas y empresarios chinos, en auténticos “palacios de la piratería”, el contrabando y la venta de mercancías baratas, no siempre de la mejor calidad, que encontraron en el depauperado mercado mexicano, las clientelas perfectas para comprar productos de muy bajo precio, de calidad dudosa, pero eso sí imitaciones y clones de marcas de diseñador famosas.
Del año 2000 al 2024, justo coincidente con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, las importaciones de origen chino a México crecieron tanto, que pasaron de representar el 1.7% de nuestro comercio internacional con países distintos a los Estados Unidos y Canadá, a alcanzar el 20% del comercio internacional que importamos los mexicanos.
Por todo eso, la próxima vez que al secretario Marcelo Ebrard se le ocurra mencionar la puntada de que “Se acabó la fiesta” de los chinos en México, valdría la pena preguntarle como en aquel famoso comercial de la Pepsi en los años 2 miles: “Qué qué?”. La fiesta del comercio informal, la piratería y el contrabando chino dista mucho de haberse acabado y todavía les faltan muchos operativos y políticas serias para acabar con la corrupción en las aduanas mexicanas que permite todo tipo de importaciones ilegales, porque al final la responsabilidad, aunque no lo quieran aceptar, también es de las autoridades federales mexicanas.
NOTAS INDISCRETAS… Poco a poco se va configurando el poder casi total que le están dando al junior del Bienestar, Andy López Beltrán, para controlar y manejar el partido que fundó su padre. De acuerdo a una reforma a los estatutos internos, el Padrón de Militantes de Morena que antes era compartido por áreas del partido como la Comisión de Honestidad y Justicia, la Comisión Nacional de Elecciones, que es la que elige las candidaturas, pero a partir de ahora, el Padrón militante será controlado, gestionado y resguardado sólo por la Secretaría de Organización que encabeza Andrés Manuel López Beltrán. Es decir, que al junior se le están entregando, gradualmente, “superpoderes” para que se convierta en el dirigente de facto del morenismo. Y si a eso se le suma que la dirigente formal, Luisa María Alcalde, no tarda en pedir una licencia por maternidad, está claro que todo el diseño de la nueva dirigencia encabezada por dos mujeres, Alcalde y la desconocida secretaria general, Carolina Rangel García, fue simplemente una pantalla para cubrir y ocultar que el verdadero liderazgo y control del partido gobernante sigue en manos de los López, Obrador y Beltrán… Para documentar el optimismo sobre la próxima y entrampada elección judicial, ayer un juez federal acusó y denunció por desacato, ante la Fiscalía General de la República, a los 11 consejeros del INE, a quienes acusa de haber violentado el amparo otorgado por él mismo, el juez Francisco García Contreras, segundo de Distrito en Colima, quien le pide a la Fiscalía imponer una nueva multa de 54 mil pesos a los consejeros electorales, además de ordenarles frenar, en un plazo de 24 la organización de los comicios para la elección de juzgadores federales el próximo 2 de junio. Anoche mismo desde el INE respondían que no pagarán ninguna multa y que no han incurrido en ningún desacato, porque el fallo de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del pasado 24 de octubre, permite que constitucionalmente se continúe con el proceso. Veremos en qué termina todo este desaguisado legal en un país en donde la justicia y sus instituciones han sido ya desconocidas e ignoradas por la misma Presidencia de la República lo que nos convierte, ya no sólo en los hechos sino en la letra, en un “país sin ley”… Los dados repiten la Escalera. Bien avanza la semana.
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