Comenzamos un nuevo año enfrentando una de las problemáticas más profundas y complejas del sistema de justicia penal en nuestro país: la privación de la libertad de personas inocentes.

Seguimos sin atender la gran problemática de las personas inocentes en prisión. Seguimos pensando que aumentar el catálogo de delitos en la prisión preventiva oficiosa es sinónimo de darle solución a un tema de seguridad en el país cuando existe un problema de mayor fondo. Las cárceles se están llenando de personas que no tienen acceso a una defensa por falta de recursos, a consecuencia de la corrupción y de la impunidad que existen en los códigos de las policías de investigación. No podemos seguir encarcelando a la gente que no tiene por qué estar en prisión y continuemos sin generar las condiciones necesarias para evitarlo; se trata de crear un sistema de justicia penal donde realmente encarcelemos a quienes deben de estar tras las rejas y no seguir generando la falsa percepción de que la cantidad de detenciones son equivalentes a la seguridad.

Quiero empezar el año haciendo una mención puntual de cinco personas que hoy están privadas de la libertad inocentemente, esta lista hoy continúa:

1. Ulises Leonardo Cruz Serrano y Gerardo Arturo Díaz Isidro: Dos jóvenes cuyas vidas cambiaron el 22 de mayo de 2019 cuando fueron acusados de secuestro basándose en un testimonio contradictorio. A pesar de pruebas que demostraron la imposibilidad de los hechos, en 2022 fueron condenados a 17 años y 6 meses de prisión. Actualmente, un equipo legal busca anular la sentencia mediante un amparo ante el Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia. Las autoridades judiciales tienen en sus manos la posibilidad de devolverles la libertad que injustamente les fue arrebatada.

2. Alejandro Cerpa: Taxista y mecánico, fue acusado de asesinato cuando su taxi fue usado en un crimen que no cometió. A pesar de que el verdadero culpable confesó su responsabilidad, Alejandro fue condenado a 45 años de prisión. Lleva más de 15 años encarcelado y su libertad depende de un indulto que puede ser otorgado por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la maestra Ernestina Godoy y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Alejandro clama por justicia y la oportunidad de recuperar su vida.

3. Dulce Belem Sánchez Castañeda: Policía federal embarazada de gemelas al momento de su detención en 2012. Fue acusada de un secuestro exprés tras ser torturada, lo que le provocó la pérdida de sus hijas y graves secuelas físicas. A pesar de las pruebas de su inocencia, fue condenada a 70 años de prisión. Su última esperanza es un amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene el poder de revertir esta injusticia.

4. Santiago Noé Juan: Instalador de IZZI, fue acusado de secuestro tras una redada en el Estado de México donde se fabricaron cargos en su contra. La defensa busca demostrar su inocencia mediante periciales, declaraciones de las víctimas y videograbaciones. Su libertad depende del sistema de justicia del Estado de México, que tiene la responsabilidad de actuar con imparcialidad y transparencia.

No podemos ignorar que cada persona inocente tras las rejas es una prueba viva de las fallas de nuestro sistema y un recordatorio de la deuda moral y social que tenemos como sociedad. La reflexión es clara: un sistema que permite que los inocentes sean encarcelados no sólo fracasa en su misión de impartir justicia, sino que también pone en riesgo la libertad y la dignidad de todos. Hoy alzo la voz por Dulce, Alejandro, Noé, Ulises y Gerardo; y por todas las personas cuya libertad ha sido arrebatada injustamente, con la esperanza de que sus historias no sean solo un llamado de atención, sino el motor de un cambio estructural que transforme nuestra justicia penal.

Presidenta de Reinserta

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