Cuando se habla de migración, solemos pensar en las caravanas de personas que atraviesan México en busca del sueño americano, enfrentando peligros inhumanos en su travesía hacia Estados Unidos. Sin embargo, rara vez volteamos a ver el flujo inverso: los extranjeros que llegan a México no solo por turismo o negocios, sino también para cometer delitos y encontrar refugio en un país donde la impunidad se ha vuelto una constante.
Las políticas migratorias de Donald Trump, conocidas por su tono radical, han criminalizado a los migrantes que buscan una vida mejor en Estados Unidos. Se les tacha de delincuentes, se refuerzan fronteras y se instalan muros, reales y simbólicos. Mientras tanto, en México, vivimos un problema paralelo: personas extranjeras que, aprovechando la debilidad de nuestro sistema de justicia, cometen delitos graves y regresan a sus países sin enfrentar consecuencias.
Un ejemplo reciente y alarmante es el caso de Ana, una niña que llegó a Reinserta y que aún busca justicia por el abuso sexual que sufrió a los ocho años a manos de un ciudadano estadounidense. Su agresor, protegido por su nacionalidad y la falta de cooperación entre las autoridades de ambos países, logró evadir cualquier castigo. Casos como el de Ana no son aislados. Cada año, cientos de extranjeros, principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa, llegan a México involucrándose en actividades ilícitas como turismo sexual, tráfico de drogas, y otros delitos que rara vez son castigados.
Datos recientes muestran que, en 2024, se reportó que México se ha consolidado como un destino principal para el turismo sexual infantil, ocupando el segundo lugar a nivel mundial en estas prácticas aberrantes, según datos de ECPAT. Muchos vienen con fines legítimos, pero otros ven en nuestro país un terreno fértil para la explotación sexual, especialmente en destinos como Cancún, Puerto Vallarta y Tijuana. Organizaciones civiles estiman que el turismo sexual representa un negocio de 2 mil millones de dólares anuales, con un porcentaje significativo de la demanda proveniente de extranjeros.
Lo más preocupante es que, en las cárceles mexicanas, los extranjeros son una minoría insignificante. De acuerdo con el INEGI, en 2022, menos del 1% de los internos en prisiones mexicanas eran de otras nacionalidades, una cifra que no refleja la magnitud del daño causado por delitos cometidos por personas no nacionales. Esto no significa que no los cometan, sino que el sistema de justicia no actúa para sancionarlos.
En un esfuerzo por combatir esta impunidad, en algunos estados han surgido grupos apodados “Caza Gringos”. Estos cuerpos policiales enfrentan un desafío monumental: detener a extranjeros acusados de delitos en México, a menudo sin el apoyo de sus contrapartes internacionales como FBI o DEA. La falta de acuerdos efectivos de extradición y cooperación permite que muchos delincuentes regresen a sus países sin enfrentar consecuencias legales.
No se trata de minimizar los problemas de migración hacia el norte ni de justificar políticas racistas como las de Donald Trump. Se trata de reconocer que México también enfrenta una problemática de migración que afecta la seguridad y los derechos humanos de sus ciudadanos.
Exigir justicia no es solo un derecho de los mexicanos que sufren al ser criminalizados fuera del país; también es un derecho de quienes permanecen en casa y enfrentan las consecuencias de la impunidad. Historias como la de Ana, que sigue buscando justicia, deben ser un recordatorio de que necesitamos fortalecer el sistema judicial, exigir acuerdos más firmes de cooperación internacional y, sobre todo, poner fin a la idea de que México es tierra de nadie para extranjeros que vienen en busca de satisfacer sus necesidades pedófilas sabiendo que volverán a sus países sin que la ley los persiga.
La reflexión es clara, mientras criticamos la falta de humanidad en las políticas migratorias extranjeras, debemos también mirar hacia adentro y preguntarnos qué estamos haciendo para proteger a los nuestros.
Presidenta de Reinserta
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