La crisis climática en México es una realidad que se ha gestado a lo largo de las últimas décadas y tiene profundas raíces en la interacción entre los factores ambientales, económicos y sociales. Entre otras cosas, la historia de esta crisis refleja no solo los cambios en el clima global, sino que pone al descubierto las vulnerabilidades específicas del país y la urgencia de abordarla como un problema de justicia social.
La República Mexicana ha sido históricamente susceptible a fenómenos climáticos extremos como huracanes, sequías e inundaciones. Sin embargo, desde finales del siglo XX, la frecuencia e intensidad de estos eventos ha aumentado significativamente, exacerbada por el cambio climático global.
Como parte en un suceso histórico lamentable, la comunidad de El Bosque en el estado de Tabasco fue reconocida como la primera comunidad desplazada por cambio climático en México. Este pequeño pueblo, conformado en su mayoría por pescadores, se ha convertido en un símbolo de las dramáticas consecuencias que el cambio climático puede tener en las vidas de las personas y las comunidades. Como consecuencia de los cambios en los patrones climáticos hubo un aumento en la frecuencia y severidad de las inundaciones en Tabasco, destruyendo a su paso comunidades, hogares y cultivos, además de contaminar las fuentes de agua potable. En 2020, después de años de soportar estas condiciones cada vez más inestables, los residentes de El Bosque se vieron obligados a tomar una decisión difícil: abandonar su hogar. Con el apoyo del gobierno estatal y organizaciones no gubernamentales, la comunidad fue reubicada en una zona menos vulnerable. Este desplazamiento forzado marcó un precedente en México, poniendo en evidencia las profundas desigualdades sociales y económicas que amplifican la vulnerabilidad al cambio climático.
En el contexto histórico actual, la crisis climática en México no puede ser entendida únicamente como un problema ambiental; es, fundamentalmente, un tema de justicia social. Las comunidades más pobres y marginadas sufren desproporcionadamente los impactos del cambio climático, ya que carecen de los recursos necesarios para adaptarse y recuperarse de los desastres naturales, debido a que enfrentan la degradación de sus territorios y recursos hídricos, además de enfrentar cambios que atentan contra su salud y economía. La pérdida de tierras, hogares y medios de subsistencia es una violación directa de los derechos humanos básicos y plantea preguntas críticas sobre la justicia social en el contexto del cambio climático.
La experiencia de El Bosque subraya la importancia de implementar estrategias de adaptación climática que consideren las necesidades y derechos de las comunidades vulnerables. Es esencial que las políticas climáticas incluyan medidas de protección social, empoderamiento y participación comunitaria en la toma de decisiones, así como la implementación de planes de desarrollo que sean sensibles a las realidades culturales y económicas de las personas afectadas.
La crisis climática es un reflejo de la intersección entre problemas ambientales y sociales. Abordar esta crisis requiere no solo una acción climática eficaz, sino también un compromiso con la justicia social. La justicia climática implica reconocer y abordar estas desigualdades, asegurando que las políticas y acciones climáticas incluyan y beneficien a las poblaciones más afectadas.
Los habitantes de el Bosque fueron los primeros desplazados en México, sí, pero desafortunadamente no serán los últimos y ese futuro cuasi apocalíptico, del cual nos hablaban cuando éramos niños, donde no existe un equilibrio en la naturaleza, escasea el agua, el planeta se plaga de catástrofes naturales, contaminación y basura, ya no parece tan lejano.
¿Mañana seguiremos nosotros?
La crisis climática es un reflejo de la intersección entre problemas ambientales y sociales. Abordar esta crisis requiere no solo una acción climática eficaz, sino también un compromiso con la justicia social. La justicia climática implica reconocer y abordar estas desigualdades, asegurando que las políticas y acciones climáticas incluyan y beneficien a las poblaciones más afectadas.
