En los últimos días, las noticias han vuelto a poner sobre la mesa el nombre de las autodefensas, vinculándolas con casos de extorsión. Estos grupos, que nacieron como una respuesta a la violencia y el abandono por parte del Estado, se originaron el 24 de febrero de 2013 en Michoacán, cuando los ciudadanos, (principalmente campesinos), desesperados por la creciente presencia del crimen organizado, decidieron organizarse para tomar las armas y defenderse. Desde entonces, las autodefensas han crecido y se han extendido a diversos estados del país, enfrentándose a situaciones similares de inseguridad.
A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno para desarmar y desarticular estos grupos, la violencia sigue siendo un fenómeno presente, y muchas comunidades continúan luchando por su supervivencia en un entorno marcado por la violencia.
Estas organizaciones son consideradas “ilegales”, debido a que, en el marco legal mexicano, el uso de la fuerza está reservado al Estado. La Constitución Mexicana prohíbe la formación de milicias o grupos armados fuera de la estructura del gobierno. Sin embargo, ante las condiciones de violencia que imperan en el país y la pérdida de confianza en las autoridades, las comunidades se ven obligadas a tomar las riendas de su seguridad.
El derecho a la resistencia y el derecho a la legítima defensa son conceptos fundamentales en la teoría política y jurídica, especialmente cuando se analizan desde la perspectiva de pensadores como el filósofo John Locke, quien en su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, establece que los individuos tienen derecho a defenderse a sí mismos frente a agresiones injustas, lo que puede extenderse al derecho de resistir a gobiernos que no respeten los derechos naturales de los ciudadanos. Estos derechos están intrínsecamente vinculados al concepto de libertad, propiedad y seguridad individual.
Locke establece que, fuera de su estado de naturaleza, los individuos delegan parte de su poder a un gobierno para la protección de sus derechos, por lo que cuando éste deja de protegerlos o actúa de forma tiránica, los ciudadanos tienen el derecho de resistir la autoridad de manera proporcional a la amenaza que enfrenten. Este derecho de resistencia está vinculado al derecho a la legítima defensa como el último recurso de que dispone la sociedad civil, cuando se ve impedida de apelar a la justicia o cuando su vida, libertad o propiedad están amenazadas.
Aunque los grupos de autodefensas no están reconocidos legalmente, (puesto que hacerlo significaría reconocer la incapacidad de las autoridades para devolver la paz a estas comunidades), son una muestra del cómo, los vacíos institucionales que deja el Estado son llenados con alternativas legítimas de organización comunitaria, donde la sociedad civil se une, ejerciendo el derecho al uso legítimo de la fuerza, en defensa de su vida, su patrimonio y su integridad personal. Sin embargo, ejercer su derecho natural a la resistencia, nunca debe entenderse como un aval para ejercer la violencia indiscriminada.
“El derecho de resistencia está vinculado al derecho a la legítima defensa como el último recurso de que dispone la sociedad civil, cuando se ve impedida de apelar a la justicia” …
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