Las Leyes de Reforma fueron un conjunto de medidas legislativas impulsadas en México durante la presidencia de Benito Juárez en la segunda mitad del siglo XIX. Estas leyes, promulgadas entre 1855 y 1863, tuvieron como objetivo principal la separación de la Iglesia y el Estado, y buscaron modernizar el país, fortaleciendo el poder civil y reduciendo el poder e influencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos y económicos de la nación.
Uno de los aspectos más relevantes de las Leyes de Reforma fue la nacionalización de los bienes del clero, establecida en la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos en 1856. Esta ley ordenaba la venta de propiedades pertenecientes a la Iglesia católica, con el objetivo de redistribuir estas tierras y bienes entre la población, bajo la idea de reducir la concentración de la riqueza en estas instituciones. La nacionalización de los bienes del clero no solo afectó a las propiedades rurales y urbanas, sino también a los edificios religiosos como conventos, capillas y parroquias. Con lo anterior, muchos inmuebles que habían sido centros de poder y espiritualidad durante siglos pasaron a manos del Estado.
Esta transferencia de propiedad permitió que la mayoría de estos inmuebles fueran reutilizados para otros fines, como oficinas gubernamentales, escuelas, hospitales, cuarteles, cárceles, etc., conservando su valor histórico y arquitectónico. Sin embargo, este proceso implicó riesgos para la conservación de estos inmuebles que, con el paso del tiempo y la instrumentación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, (aunado a sus valores y características de manufactura), fueron considerados como monumentos históricos.
Durante los primeros años del México post revolucionario, fue creado el Departamento de Bienes Nacionales en el contexto de las reformas agrarias y como proyecto de continuidad a las políticas de secularización iniciadas desde mediados del siglo XIX. Su principal objetivo era administrar y controlar las propiedades que habían sido nacionalizadas, incluyendo una vasta cantidad de bienes inmuebles que pertenecieron a la Iglesia católica. Con el paso tiempo, la creciente importancia de la conservación del patrimonio cultural llevó a la reestructuración de este departamento, que en los años 30 se transformó en la Dirección de Bienes Nacionales. Uno de los logros más significativos de dicha la Dirección fue la publicación de los primeros catálogos de construcciones religiosas del país.
Dichos catálogos permitieron la creación de un inventario detallado de los edificios religiosos, facilitando su estudio y protección, además de la planificación de proyectos de restauración y conservación de los inmuebles, considerados parte importante del patrimonio cultural arquitectónico tangible del país.
En el caso del Estado de Hidalgo, fue publicado el “Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo”, el cual a través de dos volúmenes documenta las principales características de las edificaciones, su descripción arquitectónica e historia, además de información sobre los elementos artísticos presentes en las construcciones, (como altares, retablos, pinturas, esculturas, etc.), el estado de conservación y uso actual, así como fotografías y planos.
Muchos inmuebles que habían sido centros de poder y espiritualidad durante siglos pasaron a manos del Estado. Esta transferencia de propiedad permitió que la mayoría de estos inmuebles fueran reutilizados para otros fines, como oficinas gubernamentales, escuelas, hospitales, cuarteles, cárceles, etc., conservando su valor histórico y arquitectónico
