A pesar del repunte de la actividad económica que mostró ayer el IGAE de julio, el país enfrenta una desaceleración. En contraste con lo sucedido durante 2023 cuando las expectativas se fueron ajustando mes a mes al alza, este año los ajustes han sido a la baja. En la encuesta de Citibanamex más reciente tanto la media como la mediana del crecimiento con el que se espera cerrar el año se ubican en 1.5%; para 2025 se reducen aún más, a 1.3%.
Ante una desaceleración, las intervenciones gubernamentales tendrían que ir en contra del ciclo, en este caso una política fiscal expansiva —mediante un aumento en el gasto, por ejemplo— podría frenar la desaceleración. Más allá de los otros objetivos o usos que se le pueden dar a la política fiscal, puede actuar —si es bien implementada— como una herramienta que suavice la magnitud de los ciclos económicos.
La próxima administración tiene hasta el 15 de noviembre para presentar el paquete económico. Es ahí cuando conoceremos no solo las cifras para 2025 sino las prioridades y las restricciones presupuestales de la nueva presidenta.
El déficit —en su métrica amplia— cerrará 2024 en cerca de 6%. Si usamos los valores absolutos, esta diferencia entre gastos e ingresos más que se duplicó en estos seis años. El balance primario, que no incluye el costo financiero de la deuda, fue negativo. Cerró 2023 con un déficit primario de 37.5 miles de millones de pesos, es decir, los ingresos no alcanzaron para cubrir el gasto del gobierno incluso sin considerar los recursos destinados al pago de intereses sobre la deuda. La administración de Enrique Peña Nieto operó con déficit primario todos los años salvo el último. Los esfuerzos fiscales para contrarrestarlo empezaron en 2017 y 2018 terminó con superávit, que se revirtió en 2021 a pesar del incremento en los ingresos.
No es sorprendente que un gobierno opere con déficits. No es responsable que lo haga con déficit primario. Que lo mismo haya sucedido en otras administraciones es un mal pretexto.
La narrativa de austeridad contrasta con los datos. El gasto público total se incrementó 28.7% entre 2018 y 2024. A nivel agregado no existió tal austeridad. En realidad, el recorte lo vivieron algunas áreas específicas de la administración pública para reasignar —y aumentar— los recursos destinados a los temas que el presidente López Obrador consideró prioritarios.
Claudia Sheinbaum conoce la situación de las finanzas públicas del país. Más allá de la siempre existente escasez de recursos públicos, tiene claro que no va a tener la holgura financiera para llevar a cabo los proyectos de inversión que el país necesita. Sabe que México necesita mejorar su infraestructura, la capacidad energética, más allá del impulso que piensa darle a los llamados “polos del bienestar”.
Pero también sabe que si no quiere enfrentar un problema financiero mayor —como una rebaja en la calificación crediticia— tendrá que recortar el déficit. Ese ajuste de 5% a 2.5% en la medida más acotada (o de 6% a 3% en la amplia) implicaría —según lo expuesto en los precriterios de política económica— un recorte de casi 480 mil millones de pesos al gasto y un incremento en los ingresos de 330 mil millones. Política fiscal restrictiva de libro de texto.
Por supuesto que hay que corregir las finanzas públicas, sin duda. Pensar que hacerlo sin que esto represente un freno a una economía que muestra ya claros signos de desaceleración no es realista.
@ValeriaMoy
