Demasiado poco y demasiado tarde, así la reacción de diferentes organismos frente a lo que México tiene enfrente. En días recientes, diversas asociaciones, instituciones financieras, diarios y hasta embajadas usaron su voz. Los avisos de lo que vendría, las señales enviadas desde el poder, las cifras económicas, los pronunciamientos del presidente y la futura presidenta lo dejaban claro. Finalmente, la embajada de Estados Unidos, la de Canadá, las cámaras de empresarios nacionales y extranjeros, Morgan Stanley, UBS, Citibanamex, Bank of America, Fitch Ratings, entre otras, dijeron lo que se sabe desde principios de junio, que la reforma propuesta al Poder Judicial —también entre otras— merma los principios de certeza necesarios para que un país prospere.
El deterioro será gradual en muchos ámbitos, no será únicamente en crecimiento económico. El aumento en la producción que se ha tenido en el sexenio —el crecimiento acumulado per cápita apenas llega a 0.7% en esta administración, el menor al menos desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari— ha enmascarado la erosión democrática de los últimos años. En aras de ver el cómo sí, el vaso medio lleno, las oportunidades de este gran país, el momento de la relocalización, la conversación se ha fragmentado y llevado a extremos que en poco contribuyen a un verdadero diálogo en el que las partes se escuchen y se resuelvan las diferencias.
La inversión —el mejor indicador de confianza— se ha detenido, como sucedió en 2018 y en 2019, antes de la caída derivada del covid. La recuperación en este indicador se dio hasta 2023, después incluso de alcanzar el PIB de inicios del sexenio. Por su parte, la inversión extranjera no solo no está en máximos históricos, como se ha dicho, sino que las nuevas inversiones que la componen han tenido una caída significativa. Durante el primer semestre del año estas inversiones —que podrían ser un buen indicador de la relocalización— representaron solo 30% de la inversión extranjera nueva del mismo periodo de 2023, año en el que, por cierto, las entradas de inversión fueron menores que en 2022.
Los datos muestran el estancamiento. Los inversionistas nacionales y extranjeros están esperando ver qué sucede con la reforma mencionada, pero para nadie es buena noticia. Esto no quiere decir que la inversión vaya a desaparecer, que estemos ante una crisis económica inminente ni que México haya dejado de tener oportunidades. Sí dice, sin embargo, que ante el escenario que se deja ver en caso de que la reforma sea aprobada, la prima de riesgo aumentará. El atractivo de México en la arena internacional irá cayendo. El ya de por sí frágil estado de derecho se volverá aún más incierto y estará cooptado por quienes puedan financiar las elecciones continuas que la reforma implica.
Las fallas de origen que existen en el Poder Judicial no se corrigen con la reforma planteada. Tampoco se elimina la posibilidad de corrupción, es más, su probabilidad solo aumenta. La reforma tampoco representará mejores procesos democráticos ni mayor participación ciudadana. La única experiencia similar en el mundo ha dado malos resultados. El presidente lo sabe. La presidenta electa también.
México se encuentra en un punto de inflexión. La reforma propuesta pondrá al país en otra senda. El actuar demasiado poco y demasiado tarde tendrá consecuencias.
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