Un juez vinculó a proceso a tres personas identificadas con iniciales O. Y. C., R. G. Y., y D. G. C., investigadas por por feminicidio y aborto forzado, además de homicidio doloso calificado para quienes se identifican como R. G. Y., y D. G. C.
Los hechos imputados a las personas probables responsables fueron del conocimiento de esta representación social el pasado 31 de julio, cuando se localizaron los cuerpos sin vida de tres mujeres, al interior de una vivienda en la colonia San Isidro, del municipio de Santiago Tulantepec.
De manera inmediata el Ministerio Público recabó informes de investigación, diversas entrevistas, análisis de videos obtenidos de cámara de videovigilancia tanto particulares como del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia de Hidalgo (C5iH), así como peritajes de criminalística y medicina legal, de la División Científica.
Una vez obtenidos dichos actos de investigación, se solicitó y se obtuvo de un juez federal especializado la autorización de la intervención de comunicaciones privadas y extracción telefónica que resultaron fundamentales para acreditar la probable responsabilidad de las personas imputadas.
Con base en las actuaciones ministeriales, se solicitaron a un juez de control las órdenes de aprehensión correspondientes, mandamientos judiciales que fueron concedidos y posteriormente ejecutados por agentes de la División de Investigación.
Las personas investigadas fueron presentadas ante la autoridad judicial y en audiencia inicial el Ministerio Público formuló la imputación, sin embargo se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se definiera su situación legal, mientras tanto el juez de control les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa.
Fue hasta este 15 de agosto, cuando la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Trata de Personas obtuvo de la autoridad judicial el auto de vinculación a proceso. Las personas que enfrentan el proceso penal se mantienen con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El juez de control estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.